Cónyuges e hijos indocumentados de residentes ya pueden pedir perdón en EEUU antes de iniciar el proceso consular

Cónyuges e hijos indocumentados de residentes ya pueden pedir perdón de presencia ilegal en EEUU antes de iniciar el proceso consular

Perdón de presencia ilegal

 El beneficio migratorio forma parte de las acciones ejecutivas que el presidente Obama anunció el 20 de noviembre de 2014 y que incluía los programas DAPA y DACA, frenados por los tribunales.

Por: Jorge Cancino

Ciertos hijos indocumentados menores de 21 años que sean solteros y cónyuges de residentes legales permanentes recibieron una grata noticia el jueves: el servicio de inmigración anunció que podrán pedir el perdón (Formulario 601-A) para iniciar el proceso consular y poder continuar con el trámite para ajustar sus estados migratorios, un beneficio que antes solo tenían los esposos e hijos de ciudadanos.

“A partir de agosto podrán tramitar los perdones si se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, abogado experto en temas migratorios radicado en Phoenix, Arizona. “Desde el año pasado solo los familiares directos indocumentados de ciudadanos podían utilizar este beneficio”.

“Los cambios al proceso para solicitar el perdón provisional a la ley del castigo (Provisional Unlawful Presence Waiver, en inglés) entrarán en vigor el 29 de agosto del 2016”, dijo el abogado Nelson A. Castillo.

El cambio al reglamento de ajuste de estado había sido anunciado por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014, cuando publicó la Acción Ejecutiva migratoria, que también incluyó los programas DAPA y DACA ampliado que fueron frenados por los tribunales de justicia. Pero no entró en vigor hasta no publicarse el reglamento previo al comentario público.

El perdón los librará de permanecer fuera del país por varios años antes de poder reingresar junto a sus familias.

Qué cambia?

Hasta ahora la ley indicaba que ciertos cónyuges e hijos indocumentados de residentes que recibían un cupo de visa disponible para ajustar su estado debían salir del país. El problema era que si ponían un pie afuera de Estados Unidos, les caía la denominada Ley del Castigo.

También conocida como Ley de los 10 años, señala que si un indocumentado pasa más de 180 días sin autorización legal de permanencia debe salir fuera por tres años y luego pedir permiso para volver a entrar. Y si la permanencia indocumentada pasa de 365 días, el castigo se eleva a 10 años.

La Acción Ejecutiva de noviembre del 2014 anuló esta parte de la ley para favorecer a ciertos cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos y también de residentes legales permanentes que ingresaron indocumentados a Estados Unidos y recibieron una petición familiar.

“Algunas personas que tienen órdenes de deportación, que no han salido de Estados Unidos y que están casadas con ciudadanos y residentes legales permanentes también podrán solicitar un permiso para poder gestionar el beneficio”, dijo Hernández. “Pero deben asegurarse, antes de salir, de pedir el perdón para que no les caiga encima la Ley del Castigo, puedan salir y regresar al país. Y asegurarse que no tengan antecedentes criminales”, advirtió.

“De conformidad con la nueva normativa, un individuo puede ser elegible para presentar una renuncia provisional, incluso si tiene una orden pendiente de deportación eliminación”, añadió Hernández. Sin embargo, advirtió, “o van a ser elegibles para presentar una renuncia hasta después que el Formulario I-212 haya sido aprobado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)”.

Cómo se pide

La medida beneficia a cónyuges e hijos indocumentados que viven en Estados Unidos desde el 2013. El beneficio (formulario) se conoce como Perdón 601-A o Ampliación de Elegibilidad de Exenciones por Presencia Legal.

Hasta ahora, los residentes legales permanentes que pedían a sus familiares inmediatos indocumentados no podían hacerlo “porque a éstos les caía encima la Ley del Castigo”, dijo el abogado José Pertierra.

En julio del año pasado, cuando las normas fueron publicadas en el Registro Federal para recibir el comentario público, Pertierra dijo que “si esto al final se convierte en regla de la manera en como está escrito, es algo muy grande, es enorme”. “Hasta ahora el obstáculo principal para que la gente pueda legalizarse a través de familia y trabajo tenía trabas con la Ley del Castigo y con la condición del sufrimiento extremo que deben argumentar para conseguir el perdón 601-A”, agregó.

Ciudadanos, la primera parte

En marzo del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) comenzó a permitir que determinados familiares indocumentados inmediatos de ciudadanos -padres, cónyuges e hijos menores de edad- presentes en Estados Unidos solicitaran una exención provisional por presencia ilegal antes de salir fuera del país para ir a buscar a un consulado sus visas de inmigrante (green card).

La ley del Castigo fue aprobada en 1996 durante la Administración del presidente Bill Clinton.

“La exención está disponible para aquellos familiares inmediatos cuya única base de inadmisibilidad es la presencia ilegal bajo la sección 212(a)(9)(B)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que puedan demostrar que una denegación de la exención podría resultar en dificultad extrema para su cónyuge o padre que es ciudadano estadounidense”, explicó el DHS.

Expertos han advertido que una vez activado el beneficio, persistirá la preocupación por las restricciones a la condición de sufrimiento extremo que deba demostrar el residente que pida a un familiar inmediato. “Podría resultar en dificultad extrema para el cónyuge no conseguir el perdón que espera”, dijo a Univision Noticias el abogado George Escobar, de Casa Maryland. “Pensamos que hace falta una ampliación de este programa, aún más grande, para que se retiren los obstáculos que hoy existen y más personas soliciten el beneficio”.

Cuota de tarjetas verdes

Cada año el gobierno, a través del Departamento de Estado, asigna una cuota de 480,000 tarjetas verdes (green card). “El programa será aún más efectivo si el gobierno amplía el cupo de visas de inmigrante”, dijo Escobar.

“Pero es importante que la administración defina los requisitos para demostrar la existencia de un sufrimiento o padecimiento extremo”, insistió Escobar.

“Nosotros lo hemos solicitado y no hemos tenido respuesta. ¿Puede ser un factor económico? ¿Razones de salud? No se sabe con certeza. Existe un gran número de razones que están siendo rechazadas ,no se están tomando en cuenta. Es imposible definir todas las circunstancias. Hasta la fecha no hay definición y creemos que este es el momento de hacerlo”, dijo el activista.

Hernández también recordó que cada caso migratorio es único y que “en caso de cualquier duda, consulte con un abogado autorizado para ejercer la ley de inmigración en su estado”.

DAPA y DACA
Además de los cambios a la Ley del Castigo, la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Obama frenaba las deportaciones de unos 4.2 millones de padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y ampliaba los beneficios de la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés) para favorecer a los 800,000 dreamers.

Ambos programas fueron demandados por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos). Argumentaron que Obama se extralimitó en su poder ejecutivo y que las medidas violaban la Constitución al cambiar la ley de inmigración sin el aval del Congreso.

El pasado 20 de junio la Corte Suprema, luego de revisar las medidas por petición del Departamento de Justicia, no tomó decisión y anunció un empate 4 a 4, dejando vigente el fallo de una corte de Texas que suspendió temporalmente la entrada en vigor de ambos programas hasta resolver la demanda de los estados en su totalidad.